La posibilidad del derrumbe del edificio donde están los juzgados penales obligó a funcionarios de Ciudad de Este a manifestarse la semana pasada y a exigir a la Corte un local seguro.
Un informe de la Dirección de Comunicación de ayer señala que la Corte, a través de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, alquiló un edificio para trasladar temporalmente numerosas dependencias judiciales, que se encontraban en el edificio en donde funcionaba el fuero penal. Agrega que se quiere precautelar la seguridad de los funcionarios y usuarios de justicia.
Por otro lado, el diputado colorado Ramón Romero Roa se reunió con los ministros Gladys Bareiro (superintendenta de Alto Paraná) y Raúl Torres Kirmser y los miembros del Consejo de Administración (los que manejan el presupuesto del Poder Judicial) para analizar el tema. Incluso se consiguió una declaración de emergencia de Diputados.
Con el propósito de encontrar una solución definitiva al problema, la Corte tiene previsto presentar un pedido de ampliación de su presupuesto de US$ 25 millones para la “compra o construcción” de la nueva sede del Poder Judicial de Alto Paraná.
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El alto tribunal hasta ahora no definió si construye un palacio o adquiere el local del hotel HG Tower, por US$ 18 millones, según la oferta que se había presentado.
En caso de que se compre el hotel se deberán hacer las refacciones y acondicionarlo para los juzgados de distintos fueros.
En su momento se había criticado la compra del hotel, pero en un comunicado la Corte descartó que se trate de un presunto negociado.
Detrás de la ampliación y la “compra o adquisición” de la nueva sede del Poder Judicial de Ciudad del Este estarían varios políticos, atendiendo que se manejarán nada menos que 25 millones de dólares, de acuerdo a lo previsto.