Mario Elizeche, director de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, precisó que el trabajo que se inició el miércoles y debe concluir hoy es para realizar un relevamiento de datos de los juzgados penales a fin de evitar la superposición de audiencias.
Elizeche indicó que son tomados los datos proveídos por los juzgados y que incluyen a los operadores de justicia como fiscales, defensores públicos y abogados privados.
El director de Auditoría manifestó que la intención es trabajar coordinadamente con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría Pública y los jueces penales de la capital.
“La orden de la ministra Pucheta es tratar de adelantarnos a los problemas, y para ello estamos consolidando toda la información de los juzgados de garantías. Hay 32 auditores en los 14 juzgados de garantías, e incluso en los dos juzgados penales de la adolescencia se está trabajando”, indicó.
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Uno de los mayores males del Poder Judicial es la morosidad que proviene de los propios jueces, y en la mayoría de los casos son agravados por los procesados y abogados defensores, que, a través de chicanas, logran paralizar las audiencias.
La propia Corte se muestra complaciente con los abogados de los grandes estudios jurídicos, a quienes no sanciona a pesar de planteamientos notoriamente dilatorios.
La Corte tampoco informa a los juzgados ni tribunales de los resultados de las auditorías, para que puedan ser corregidos los errores.