A más de dos meses de la primera convocatoria para el inicio del juicio oral y público a los acusados por la masacre de Curuguaty, el 25 de julio último, la audiencia no ha podido avanzar.

Ayer, la diligencia fue aplazada por una nueva recusación por supuesta parcialidad, planteada contra el tribunal en pleno por el defensor Amelio Sisco.

Momentos antes, otros defensores plantearon al colegiado dejar sin efecto las medidas sustitutivas de prisión que pesan contra los acusados.

Es de esperar que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial, tome intervención en la causa para determinar si realmente se dan las supuestas irregularidades alegadas por los defensores o si el juicio es dilatado en forma deliberada por los abogados.

Precisamente debido a las sucesivas suspensiones, el defensor público Joaquín Díaz solicitó el juzgamiento de su defendido por separado, Felipe Urdina, acusado por frustración de la persecución penal. El letrado resaltó justamente el perjuicio ocasionado, tanto en lo económico como en lo emocional a su defendido, por los repetidos viajes infructuosos a la capital.

El tribunal espera la resolución de la recusación planteada para realizar una nueva convocatoria.

En esta causa están acusados por tentativa de homicidio, invasión de inmueble y asociación criminal los campesinos Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Fani Olmedo y Dolores Peralta. Asimismo, Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería fueron acusados por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.

La masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012 durante un desalojo en Campos Morombí y dejó un saldo de 17 muertos, seis policías y once campesinos.