La maniobra utilizada por la desacreditada Corte Suprema que hace unas semanas dejó de hecho sin la confirmación en el cargo al fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Lionel Piñánez, fue además un claro mensaje a los demás agentes del Ministerio Público, que un procesamiento contra los altos magistrados les puede costar el cargo.
Corrió la versión de que Blanco mocionó en la sesión plenaria de la Corte del 4 de julio pasado, la designación de la funcionaria de la asesoría jurídica del Ministerio Público, abogada Patricia Sánchez, para reemplazar en el cargo a Piñánez.
Según los trascendidos, la propuesta de Blanco habría tenido la aceptación de los demás miembros de la Corte. Sin embargo, como el acta de esta sesión plenaria no fue firmada por todos los ministros ante las críticas, no pudo formalizarse la vendetta contra el agente de la Fiscalía, por lo que la terna quedó como no tratada.
De Piñánez no se tienen cuestionamientos a su labor como fiscal, por lo que no quedan dudas de que la no confirmación en el cargo por parte de la Corte se trata de un ruin acto de venganza.
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Integran la Corte Suprema los ministros Luis Benítez Riera, Alicia Pucheta, Blanco, Miguel Óscar Bajac, César Garay Zuccolillo, José Raúl Torres Kirmser, Antonio Fretes, Miryam Peña y Gladys Bareiro.
La imputación
El 25 de abril de 2016 los fiscales Piñánez, René Fernández y José Dos Santos imputaron a Blanco y al exministro de Corte, Víctor Núñez por prevaricato.
La imputación señala que en diciembre de 2014 Blanco y Núñez cometieron prevaricato como miembros de la Sala Penal, al admitir en forma ilegal una casación. Desde la imputación la causa está cajoneada y ni siquiera se tiene juez de garantías.