/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/2WTUW6JAVNDIRGK2CQDQ2TIQPA.jpg)
Cargando...
El magistrado Amarilla primero admitió las acusaciones contra los procesados, luego resolvió todos los incidentes planteados en la audiencia preliminar, para finalmente elevar la causa a la siguiente etapa procesal que es el juicio oral.
La querella y la fiscalía solicitaron la prisión de Walter Bower, pero el juez decidió rechazar eso atendiendo que el exministro del Interior está sometido al proceso, pero sí se le impusieron medidas alternativas a la prisión. Por esa razón, el político no puede salir del país, debe presentarse al juzgado una vez al mes y se fijó una fianza real de mil millones de guaraníes. En relación a los otros dos procesados, se les mantuvo la situación procesal.
En cuanto al pedido que radicaron los defensores sobre el incidente de nulidad de la audiencia preliminar, extinción de la pena y otras presentaciones, él dispuso el rechazo.
También el magistrado explicó que se admitieron todas las pruebas que estaban en el expediente.
“Se hizo un trabajo minucioso de qué pruebas tenemos y qué no tenemos, lo que está en el expediente es lo que existe en el mundo, lastimosamente acá hay un trabajo un poco desordenado y un trabajo hasta podríamos decir bastante negligente a la hora de ofrecer pruebas de parte del Ministerio Público”, apuntó el juez Amarilla.
Esto lo señaló el juzgador en relación al extravío de la gran mayoría de las evidencias y sobre todo el libro de novedades de la Marina, que era la prueba clave. Sin embargo, dijo que la querella representada por el abogado Rolando Alum presentó una copia autenticada de la primera página del libro y Amarilla admitió la prueba y la introdujo.
“El juez tiene la facultad de admitir o establecer pruebas de oficio, cuando observa la negligencia de una de las partes en el ofrecimiento del material probatorio”, apuntó el juez.
Finalmente, el magistrado decidió que el caso sea pasado al siguiente estadio procesal que es el juicio oral, donde se debería comprobar la culpabilidad o inocencia de los tres acusados.
Este caso, según apuntó en su resolución el juez Gustavo Amarilla, es emblemático y tal vez el más largo de la historia judicial del Paraguay, en el que se debe saber si Bower, Palacios y Vera en verdad torturaron al comisario Alfredo Cáceres y al oficial Jorge López el 21 de julio de 2000 en la sede de la Marina, con el fin de obtener información sobre el intento de golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente de la República, Luis Ángel González Macchi, hecho que se registró entre el 18 y el 19 de mayo de ese año.
No corre la prescripción
El juez Gustavo Amarilla dijo que el pedido de prescripción que plantearon las defensas no corre ya que se está investigando un hecho de tortura. Si bien en un primer momento se imputó a las personas por coacción y lesión en el ejercicio de las funciones públicas, esos hechos fueron absorbidos por la figura de tortura.