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Ya se advirtió de que había riesgo de incendio en el penal de Tacumbú

Este artículo tiene 10 años de antigüedad
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Una reciente inspección judicial confirmó que en la cárcel de Tacumbú, en abierta violación a la Constitución, las leyes y tratados internacionales, siguen los problemas de hacinamiento y la mezcla de procesados con condenados. Se corroboró también que presos con poder económico tienen acceso a los mejores espacios físicos. Incluso se advirtió que debido a la precaria instalación eléctrica del reclusorio había riesgo de incendio.

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El jueves pasado, un día antes del siniestro, la jueza de Ejecución Yolanda Morel, ante un pedido de tutela que presentó la fiscala Celia Beckelmann, ordenó y emplazó por 90 días a las autoridades de la Penitenciaría Nacional y del Buen Pastor para adecuar dichos establecimientos, que en las condiciones actuales atentan contra la dignidad humana.

En el Auto Interlocutorio N° 819 del 9 de junio pasado, luego de una serie de diligencias, hizo lugar a la tutela que presentó la fiscala Beckelmann el 11 de mayo pasado, ante la abierta violación de los derechos de las personas privadas de su libertad en Tacumbú y Buen Pastor.

“La petición de tutela jurisdiccional no es ningún tipo de demanda ni acción de ningún fuero contra la institución penitenciaria, sino lo que reza su nombre, es la petición de intervención de un juez para subsanar una falta de atención o atropello de los derechos de una persona privada de su libertad, ya sea procesada o condenada”, señaló la agente del Ministerio Público.

A partir de la presentación de Beckelmann, la jueza dispuso una serie de diligencias para corroborar la situación de presos en la Penitenciaría Nacional y la cárcel de mujeres, entre ellas la constitución de la Lic. Silvia Ruiz Díaz, trabajadora social de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución.

Ruiz Díaz fue contundente en su informe a la magistrada y detalló las pésimas condiciones en las que se encuentran los presos de Tacumbú, que albergaba en el momento de la visita 3.469 internos, cuando su capacidad es solo para 1.600 internos.

La profesional refirió que 100 internos se encontraban en el sector denominado Admisión, que estaba a cargo de un recluso, que es el capataz encargado de ubicar y controlar a los internos, organizar tareas de limpieza y de la concina. Agregó que la planta alta del referido sector tiene una deteriorada estructura de hormigón, con paredes de material cocido y piso de baldosa.

Por otro lado, la trabajadora social advirtió de la precariedad de las instalaciones eléctricas que se refleja en los cables estirados en toda la habitación donde cuelgan focos o lámparas a más de algunos electrodomésticos como heladera, horno eléctrico y televisores conectados a improvisados enchufes, “que aumentan el riesgo de incendios y recalentamiento”.

Ruiz Díaz apuntó que la mayoría de los presos de Admisión se encontraban aún durmiendo, pese a que ya eran aproximadamente las 9:30.

Tinglado

La trabajadora social refirió que el tinglado es utilizado durante el día para recibir a las visitas, como lugar de esparcimiento y para la práctica de deportes (fútbol). Durante la noche alberga a un importante número de internos que no tienen lugar para dormir en los pabellones, según informaciones recogidas.

Generalmente allí duermen las personas adictas, sin visitas ni recursos económicos. “Esto contraviene toda normativa de derechos humanos. Igual situación se repetía a lo largo del pasillo que conduce al pabellón D”, resaltó la profesional.

Pabellón D

Este sector está a cargo de la Capellanía católica. Es una edificación nueva, de hormigón, con paredes pintadas y piso de cerámica, bien cuidada, de dos pisos, con capacidad para 150 internos. Cuenta con un taller de carpintería, con maquinarias y elementos de trabajos necesarios, donde trabajan 56 condenados con más de la mitad de la pena.

Ruiz Díaz también informó sobre los otros sectores del penal. Igualmente visitó la cárcel de mujeres, que en su mayoría encontró bien.

El Ministerio de Justicia, a través de la abogada Sonia Beatriz Silvera, solicitó el rechazo de la tutela. Sin embargo, la jueza Morel resolvió emplazar por 90 días a las autoridades carcelarias y de dicha cartera de Estado.

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