El pasado 20 de enero, la encargada de despacho de la Directora General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda firmó la resolución por la cual se otorga la jubilación a la suspendida titular del Ministerio de Defensa Pública.
La resolución fue remitida a la Corte Suprema de Justicia que deberá comunicar la vacancia en la Defensoría General.
La Defensa Pública está a cargo de Selva Morel, quien era la adjunta de Yore.
Y mientras, ya se habla de posibles postulantes para el cargo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Entre ellos suenan los nombres de Raúl Mongelós, Néstor Suárez, exfiscal, y el de Miguel Castro, todos vinculados con el Partido Liberal Radical Auténtico.
Este partido reivindica el cargo ya que Yore es liberal y no se descarta que defensoría pase a formar parte del lote de negociación política junto al cargo de fiscal general del Estado.
El Consejo debe conformar una terna y luego la Corte debe elegir.
Tampoco se descarta que se candidate la actual defensora general Selva Morel de Acevedo, quien asumió el cargo luego de la suspensión de Yore.
Fiscalía y Jurado
Noyme Yore fue suspendida el pasado 20 de diciembre por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en su última sesión del año 2016, por una serie de irregularidades al frente del Ministerio de la Defensa Pública, cargo que ocupaba desde hace 18 años.
Pero este caso podría quedar en la nada si es que Yore renuncia ante la Corte para acogerse a la jubilación.
Empero, Yore soporta un proceso penal en el que ya fue acusada por los fiscales de Delitos Económicos Josefina Aghemo y José Dos Santos. Le atribuyen haber designado a abogados particulares como defensores públicos, por lo que usurpó funciones inherentes al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema.
Además de Yore, han sido acusados por la Fiscalía Sindulfo Alegre Aquino, Christian David Figueroa, Lorenzo Ramón Vera Gamarra, Carlos Ramón Molinas Bernal y Vivian Ligth Valenzuela Galeano, quienes fueron designados de manera ilegal para asumir funciones como defensores públicos.