El juez Civil y Comercial de turno Arnaldo Martínez Rossano recibió la petición para proceder a destruir las chatarras que ocupan los predios de las comisarías de todo el país y remitió un oficio a la Comandancia de la Policía para que, en un plazo de 72 horas, informe sobre los automóviles y motocicletas que fueron abandonados en sus dependencias y la situación judicial de cada uno de esos rodados.
Este informe que debe preparar la Policía, tiene que discriminar cuáles son las motocicletas y automóviles que siguen como parte de procesos judiciales abiertos y cuáles no, según explicó la abogada Luz Núñez de Ocampo, jefa de la Dirección Jurídica de la Policía.
Explicó que existen en las comisarías de todo el país unas 4.800 camionetas, autos y motocicletas abandonados, y que la mayoría está depositada en la sede del Departamento de Talleres de la Policía Nacional, en la ciudad de Capiatá.
Núñez de Ocampo solicitó la autorización judicial para declarar en estado de abandono las chatarras y, en consecuencia, su eliminación. La Policía Nacional hará las gestiones para dicho efecto.
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