La publicación del diario ABC Color del 6 de febrero de 2007 indica que Ivesur realizó una inversión de US$ 4 millones para montar una “infraestructura de primer mundo”. Se destacaba la modernidad de la planta verificadora ubicada en Salvador Bogado y José Pappalardo de Asunción.
Denunciando el supuesto incumplimiento de un contrato que pudo haber sido rescindido, la empresa demandó a la Municipalidad de Asunción y le exigió un monto de US$ 23 millones.
La cifra, que supera casi seis veces lo que invirtió al inicio la empresa, fue producto de una prueba de muestreo realizada por la firma Gabinete de Estudios de Opinión (GEO), de José Nicolás Morínigo, según reza el extenso laudo arbitral.
De acuerdo con el muestreo, US$ 23 millones es la cifra que Ivesur dejó de percibir en concepto de inspección técnica vehicular. La cifra toma un global de vehículos que ingresan a Asunción y circulan en el ejido sin discriminar si tienen patente de la capital o de otros municipios del interior.
El cálculo, hecho en bruto y sin discriminar a los vehículos con patentes de otros municipios, fue objetado por los representantes legales de la Municipalidad de Asunción, quienes dijeron que la demanda era extorsiva, consecuencia de una actitud inducida y que formaba parte de un fraude procesal para engañar a los árbitros y perjudicar a los contribuyentes.
En el laudo arbitral se dejó constancia de que Ivesur redujo el monto de la demanda de US$ 23 a US$ 12 millones, una actitud que fue catalogada como un “despropósito de defraudación donde se pretende aparecer de víctima a la empresa (Ivesur) y a sus directivos con un don de generosidad extrema y frivolidad, cuando en realidad se busca lucrar a costa del pueblo”.
Finalmente, el laudo arbitral falló a favor de la empresa Ivesur por US$ 3,6 millones, solo 400.000 menos de lo que invirtió.
Pedirán nulidad
En la noche del martes el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, anunció que pedirá la nulidad del fallo presentando una solicitud de aclaratoria de la resolución condenatoria con la que se explique el cálculo de los intereses que son parte de la condena pecuniaria.
También se solicitará una impugnación de la adición de intereses al monto establecido en la condena ya que los mismos no fueron solicitados por la parte demandante y, bajo estos argumentos, se solicitará la nulidad de la resolución.
Ayer, en la sesión ordinaria de la Junta Municipal, se aprobó un pedido del concejal Daniel Centurión (ANR) de rescindir el contrato con la empresa Ivesur, que fenece en el año 2018.
Además, el edil solicitó encomendar a la Intendencia que vea los mecanismos para tener la nulidad del fallo, realizar un sumario administrativo para identificar a los funcionarios si es que estos provocaron daños y perjuicios a la Comuna y solicitar a la Contraloría General de la República que realice una auditoría.