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El informe de la Comisión de Investigación del caso Ivesur fue presentado ayer mediante una minuta al pleno de la Junta. Concluye que la Municipalidad de Asunción no ha promovido recurso de nulidad en tiempo y forma para evitar que la Comuna pague US$ 3,6 millones a la empresa Ivesur. Además, solicita que se realice una auditoría externa de la situación actual del contrato de concesión debido al gran “perjuicio que irrogará a las arcas municipales”.
El concejal Carlos Arregui (PDP), quien además de ser parte de la multibancada preside la comisión especial de la Junta para investigar el caso Ivesur, señaló en su informe que se llegó a la conclusión a través de entrevistas a funcionarios vinculados a la promoción del recurso de nulidad contra el laudo arbitral y a investigaciones de los documentos existentes sobre el caso.
El documento generó que rápidamente los concejales de todas las bancadas pidieran la palabra, formándose una larga lista. La concejala colorada Rosanna Rolón pidió que todos los datos sean derivados a la Fiscalía que ya está investigando. El edil Sebastián Villarejo solicitó que la redacción se modifique para que esta sea “más objetiva y no emita juicios”.
Así, el debate amenazaba con prolongarse hasta horas de la siesta. Sin embargo, inesperadamente, los concejales de la bancada oficialista, Elvio Segovia, Antonio Apuril, Humberto Blasco, Augusto Wagner, Rodrigo Buongermini y Federico Franco, se retiraron. Dejaron sin quórum la sesión e impidieron así el tratamiento del informe.
Los miembros de la bancada colorada criticaron duramente la retirada en masa y aludieron que se impide el esclarecimiento de la situación. Javier Pintos (ANR) comentó que “su acción da que pensar”. Así, también José Alvarenga (ANR) expresó su molestia hacia los oficialistas, puesto que con su salida “desvalorizan el trabajo de investigación”. “Ellos que se han ido (sic), con eso no borran sus errores, la próxima semana vamos a tocar como primer punto”, dijo Ireneo Román (Partido de la Juventud).
Por su parte, el edil Félix Ayala (PLRA) justificó su salida de la sesión afirmando que lo presentado por la Comisión es sólo una cuestión política y que se realiza para aparecer en los medios. “Ya está la denuncia en la Fiscalía, habíamos acordado esperar”, agregó.
La sentencia del laudo arbitral se dictó en agosto por lo que la Comuna tenía tiempo hasta el 6 de octubre para solicitar la nulidad, lo cual no ocurrió. Pese a que la Comuna dijo que sí se presentó, no existen registros de ello en el Poder Judicial. Luego de que José Enrique García dejara el cargo de asesor jurídico para ser Contralor General de la República, el intendente Mario Ferreiro presentó una denuncia en la Fiscalía solicitando que se investigue a los funcionarios del Poder Judicial que confirmaron que la apelación no fue presentada en el periodo establecido.