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13 de Junio de 2018

| cumple doble función amparada en inconstitucionalidad contra ley 1626

Abogada es jefa en Contraloría y asesora en la Municipalidad

Andrea Britos de Cappello es directora de área de la Contraloría y también abogada externa de la Municipalidad de Asunción. Ambas funciones puede cumplir mediante la inconstitucionalidad conseguida por la máxima entidad de control contra la Ley 1626, argumentó. Fue una de las apoderadas de Arnaldo Samaniego ante el TSJE para las elecciones municipales de 2010.

Desde marzo último la abogada Julia Andrea Britos de Cappello es funcionaria permanente de la Contraloría General de la República (CGR) con un salario mensual de G. 12.200.000, como directora de una de las áreas del máximo ente de control del país.

En la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Asunción oficia de abogada externa. Si bien no tiene un salario asignado, cobra entre el 5 y el 10% del monto que paga cada contribuyente moroso de la ciudad, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal.

“Los funcionarios de la Municipalidad están exceptuados de la aplicación de la Ley 1626 por la inconstitucionalidad que consiguieron sus funcionarios”, argumentó la abogada en relación a la incompatibilidad e ilegalidad de cumplir funciones en dos entidades públicas al mismo tiempo.

No quiso mencionar cuánto percibe por los servicios que presta en la Municipalidad de la capital porque, según dijo, “depende del monto de la factura y la cantidad de clientes que abonan después de las notificaciones”.

La firma de la citada abogada figura en una notificación enviada a un contribuyente moroso, junto a la firma de Julio González, jefe del Dpto. Jurídico de Cobro y Urgencias, procesado en el engorroso caso Ivesur, que le costó a la Comuna un daño económico de más de US$ 3 millones.

La dirección jurídica de la Comuna cuenta con un plantel de 106 funcionarios, de los cuales alrededor de 90 son abogados. Pese a esta cantidad la Municipalidad contrata a cinco abogados externos para emitir dictámenes, acciones ordinarias, especiales y recuperación de predios. Por estos servicios no cobran un salario mensual sino un porcentaje sobre los montos en litigio.

Britos de Cappello ingresó a la Contraloría en marzo último como funcionaria permanente de la mano de Enrique García, exdirector jurídico de la Municipalidad, también procesado en el caso Ivesur.

La abogada comenzó a trabajar en la Municipalidad de Asunción en 2016. En 2010 fue una de las apoderadas del político colorado Arnaldo Samaniego para inscribir su candidatura a la intendencia municipal de la capital.

 
 

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