La gremialista la Dra. Norma Colmán dijo que la normativa aprobada en abril pasado, les da “súper poderes” a los miembros del Consejo de Administración para despedir a los funcionarios, ampliar y cambiar el horario laboral. Además de disminuir los días libres, de vacaciones, reducir beneficios estipulados en el contrato colectivo y ser despedido, sin un sumario administrativo.
Anunciaron que las movilizaciones se intensificarán en todo el país y llegarán a una huelga general en caso de no ser derogado.
Asimismo, piden la suspensión de la creación de la Superintendencia del Seguro Jubilatorio, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y está pendiente de ser tratado por el Senado. Los sindicalistas exigen que se redacte desde cero un nuevo proyecto de ley.
Según gremios médicos del IPS y de enfermería, el Estado deja morir a los asegurados por falta de camas, insumos y medicamentos. Y los políticos de turno quieren apoderarse de los Fondos Jubilatorios del ente, del cual el Banco Central jamás fue garante.
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“Repudiamos el decreto 8841/18 porque es ilegal. No somos funcionarios públicos y hay varios dictámenes de la Corte al respecto. El IPS es un ente autárquico y autónomo y los fondos no son del Estado, sino el ahorro de los trabajadores aportantes y empresarios”, precisó Colmán de la asociación médica del ente. El comité intergremial está conformado por representantes de 10 sindicatos.