Afirman que Lugo viola DD.HH. del sector rural

Investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, elaboraron un informe sobre la situación de los DD.HH. de las campesinas, campesinos e indígenas. Revela la situación de pobreza y las constantes persecuciones al sector rural, responsabilizando al gobierno de Lugo.

El lanzamiento del "Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Oriente Paraguayo, en el año 2009" fue presentado en la Manzana de la Rivera, por Javier Alvarez, coordinador del proyecto del Grupo de Derechos Humanos en Investigación y Sostenibilidad, conformado por la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña y por la Asociación Educación para la Acción Crítica (EdPAC); Adolfo Farías, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), de Argentina.   

La moderadora fue Magui Balbuena, y Julia Franco habló sobre la situación de las mujeres e indígenas, en representación de Conamuri.   

Este informe fue presentado por la Vía Campesina Paraguay en el 15º Periodo Ordinario del Consejo de DD.HH. de las NNUU, en Ginebra (Suiza), en septiembre del 2010. El dirigente campesino Luis Aguayo  habló sobre la criminalización de la lucha social en el gobierno del presidente Fernando Lugo Méndez.

En agosto del 2009 un grupo de 6 catalanes, mujeres y hombres, llegó al Paraguay para hacer el trabajo de investigación por un periodo de más de 2 meses instalándose en los departamentos de Cordillera, Paraguarí, San Pedro, Concepción y Central. Javier Alvarez, coordinador del proyecto, manifestó que nadie del Poder Legislativo quiso ser entrevistado, y dijo que son interesantes las declaraciones del  comandante de la Policía Nacional en aquel entonces –Viviano Machado–; "muy interesante por lo que él mismo decía acerca de sus propias acciones".

"El informe habla de asesinatos de mujeres y hombres paraguayos campesinos e indígenas cometidos por otros ciudadanos paraguayos con gran responsabilidad del gobierno de Fernando Lugo", indicó Alvarez.

El grupo de investigadores realizó unas 92 entrevistas; 70 fueron a comunidades y víctimas, y 22 entrevistas fueron a diferentes instituciones del Estado, por ejemplo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a la Secretaría del Medio Ambiente, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo.