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Estos grupos y personas se aglutinaron con la idea de blindar parte de los fondos que recibe Paraguay como compensación por la cesión de energía en Itaipú y destinar ese dinero para un fondo fiduciario para la educación. Este año corresponderían para ese fin 240 millones de dólares.
Los impulsores de la campaña ya se reunieron con el presidente del Congreso, Jorge Oviedo Matto, y varios parlamentarios, para buscar apoyo para la idea. Y hoy presentarán el anteproyecto.
La propuesta es crear por ley el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) que estará destinado exclusivamente al financiamiento de proyectos sobre el tema. Este fondo estará financiado por la totalidad de los recursos financieros adicionales resultantes del cambio del factor multiplicador en concepto de compensación por cesión de energía.
La distribución
Según el anteproyecto esos recursos serán distribuidos de la siguiente manera: 60% para el Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación; 30% a los gobiernos departamentales y municipales; y 10% para la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
Por lo menos el 70% de los ingresos percibidos por gobiernos departamentales y municipales en virtud de esta normativa deberá destinarse al financiamiento de proyectos de infraestructura en educación: construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos.
La idea es que los recursos del Fonacide sean incluidos dentro del Presupuesto General de la Nación y que los órganos de control, dentro del ámbito de sus competencias, controlarán la ejecución de los programas o proyectos financiados con recursos del Fonacide.
Educación 2030
El mismo anteproyecto propone la creación del Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educación y la Investigación, que llevará también el nombre de “Educación 2030”.
Se prevé que este sea conformado con recursos previstos del Fonacide y que el rendimiento de sus inversiones, que será únicamente en letras de regulación financiera u otros instrumentos de corto plazo del Banco Central del Paraguay o del Tesoro nacional, siempre que no afecte su liquidez para atender los pagos comprometidos. También podrá recibir donaciones, otros recursos asignados en el presupuesto y recursos de la devolución de los financiamientos de becas.
Los recursos del Fondo constituirán recursos adicionales y complementarios al mínimo presupuestario previsto en el Art. 85 de la Constitución Nacional y tienen como propósito el mejoramiento de la calidad de la educación y de la investigación, para coadyuvar al logro de las metas nacionales de largo plazo en materia educativa. El Ministerio de Educación no remplazará ninguna política universal de equipamiento, materiales escolares o subsidio a actividades educativas complementarias dentro y fuera del establecimiento escolar, con la asignación creada por esta ley, de aprobarse.
Computadoras, formación docente y becas
El objetivo de “Educación 2030” es financiar única y exclusivamente determinados proyectos. Entre ellos la adquisición de una computadora por niño y por docente; la formación docente; la instalación de sistemas de evaluación de la educación de los alumnos; la organización y formación de padres, tutores de alumnos, así como de las comunidades en torno a escuelas y colegios públicos, para que participen en el mejoramiento de la calidad educativa; el otorgamiento de becas de estudio para la formación superior (financiamiento de cursos universitarios, en el país o en el extranjero, a favor de estudiantes que no dispongan de suficientes recursos financieros, con capacidad académica comprobada) y la investigación y desarrollo a través de programas propuestos por el Conacyt para el Programa de Incentivo de los Investigadores Nacionales (Proni).
Según este anteproyecto, el fondo será administrado financieramente por la Agencia Financiera de Desarrollo, en calidad de fiduciario y
su consejo de administración será dirigido por el presidente o el vicepresidente de la República.
También estará integrado por los ministros de Educación, de Hacienda, la Secretaria Técnica de Planificación y el presidente del Conacyt, además de cuatro personas de reconocida solvencia moral, con experiencia en el área educativa designadas a propuesta del Conacyt.