En el lugar encontraron documentación sobre la empresa unipersonal denominada La Roca, perteneciente a Edith Lombardo de Vega, madre de la presidenta de la Asociación de Educadores Ovetenses, Natalia Vega Lombardo, y aparentemente única empresa con la que opera la asociación.
Entre la documentación irregular que se halló en el lugar figuran documentos de multimillonarias contraprestaciones. Por ejemplo, por un préstamo de G. 8.000.000, el docente firmante debe devolver G. 49.000.000 en 24 meses.
“Los docentes denunciantes señalaron que la asociación les hace firmar varios pagarés y papeles en blanco y encontramos esos papeles, además de dos libros de registros de firmas de un escribano público de nombre Hermes Rubén Varela Martínez con registro 955 de la ciudad de Quiindy”, indicó la fiscala.
Los dos libros del escribano contienen firmas de docentes en documentos en blanco, con fechas y lugares en blanco. Se sospecha que este escribano deja su registro de firmas para que los empleados de la asociación hagan firmar a los docentes o firmen ellos, y luego lo haga el escribano, por lo cual no se da fe de que las firmas correspondan a los docentes.
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Lo más grave es que se hallaron cientos de documentos para solicitar juicios ejecutivos en contra de docentes para que les dé el visto bueno el Juzgado de Paz de Villa Elisa, con un solo abogado que se presenta como acreedor de los educadores, con simples pagarés y sin membrete.