Arce es encargado de despacho de la Essap

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El abogado Carlos Arce fue nombrado por el directorio de la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) como encargado de despacho, según la Resolución Nº 1, del 5 de setiembre. Fue el mismo día en que Osmar Ludovico Sarubbi Gamarra anunciaba a través de las redes sociales su “renuncia al cargo por motivos personales”, luego de una fugaz reunión en Mburuvicha Róga.

Al respecto, el Procurador, Roberto Moreno, respondió que no tenía información al respecto y que el Ejecutivo no lo había autorizado.

Según la resolución del directorio de Essap, Arce ejercerá la representación legal de la empresa hasta tanto se convoque a asamblea ordinaria. Venía ocupando desde enero de 2016 la vicepresidencia de Essap, junto a Enrique Dami, tras la destitución de los anteriores, Guillermo Fanego y Evelio López.

Sarubbi se vio obligado a renunciar a raíz de los graves casos de corrupción detectados bajo su administración. El propio Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP) pidió al Ejecutivo su separación del cargo, luego de recibir un informe del Banco Mundial (que las autoridades ocultan con la excusa de la confidencialidad). El documento revela el otorgamiento de una millonaria licitación a un consorcio que presentó documentos falsos. Se trata del relleno hidráulico de un terreno de 7 hectáreas en el Bañado Norte, financiado con un préstamo otorgado a nuestro país por la entidad multilateral. El contrato ronda los US$ 7,5 millones y fue otorgado a fines de 2015 al consorcio Bella Vista, integrado por la española Magtel SAU y la norteamericana ERS. Figuran como representantes Javier Gala y Paola Rodofi. La firma no debió ser beneficiada puesto que no incluyó el IVA en su oferta, pero, pese a las críticas, igual se le otorgó.

Tampoco debe olvidarse el informe de los técnicos de Auditoría del Ejecutivo que a principios de año confirmó el festín en dudosas compras de bienes y servicios que rondan los G. 15.000 millones.

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Las adjudicaciones se dieron sin licitación así como lo exige la Ley 2.051/03, de Contrataciones Públicas. La propia Subsecretaría de Estado de Tributación confirmó pagos con facturas falsas por más de G. 500 millones.