La petición es en defensa de la seguridad social y de la institucionalidad, señalan en el informe.
Argumentan “que existe una clara violación de la Carta Orgánica de la institución (IPS), atropellos jubilatorios y falencias en cuanto al proceso de concurso para el acceso de recursos humanos”.
Una de las denunciantes, Stella González, expresó en el manifiesto que en la entidad sus autoridades actuales “cometen atropellos que violentan el artículo 95 de la Constitución Nacional que se refiere sobre el no desvío de los fondos previsionales para otras actividades”. Añadió que hoy día esos caudales “se utilizan para dar préstamos por medio del Banco Nacional de Fomento, entre otros”.
Asimismo, el informe dice que la ley de Superintendencia de Pensiones, en su artículo 85, claramente busca derogar los artículos 27 y 28 de la Carta Orgánica del IPS, que establecen criterios generales para la inversión de los recursos del Instituto. También refiere que “una de las trampas es elevar hasta los 70 años la –edad de– jubilación”.
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Los asegurados dicen que montaron “la carpa de la resistencia” en el IPS y que harán saber de la situación actual en todo el país, en busca de más apoyo.