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Enfatizó que los abogados buscan dilatar al máximo el inicio de sumarios administrativos a los políticos (intendentes, concejales municipales o departamentales y diputada) por casos de “planillerismo”.
“Las presiones políticas provenientes desde el Parlamento son muy fuertes dentro de la Dirección de Asesoría Jurídica. Ayer tuve una reunión con los cinco jueces sumariantes porque están dilatando innecesariamente el inicio de la pesquisa. El ministro ya firmó esa resolución hace dos semanas y hasta hoy no lo inician y no hay motivos para no hacerlo, inventan cualquier excusa. Los jueces sumariantes están siendo presionados por políticos porque les dicen ‘dilaten lo más que puedan porque le estamos por sacar a Petta’ y ellos entran en ese juego. Es una vergüenza como se están manejando”, disparó el director, visiblemente enfadado.
Casañas Levi dio a entender que las presiones que provienen desde el Parlamento las encabeza el propio exministro de Educación y actual senador cartista Enrique Riera.
El Ministerio de Educación tiene 69.768 docentes en aula a nivel país. De esta cantidad 1.200 son políticos-docentes. En una primera etapa la Dirección Anticorrupción investigó a 585 docentes con cargos electivos y detectó que 486 políticos son “planilleros”, de los cuales 84 intendentes y concejales tanto departamentales como municipales están catalogados por la cartera educativa como casos “graves” y Petta ordenó un sumario.
Sumario dura 60 días
La directora de Asesoría Jurídica, Edith Caballero, había afirmado en conversación con ABC Color que los sumarios ya se iniciaron, que durarían al menos 60 días hábiles y que los casos serían enviados al Ministerio Público si se comprueba la culpabilidad. Ayer intentamos comunicarnos nuevamente con ella, pero no contestó la insistente llamada.