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La firma ofrece préstamos a los educadores con intereses usurarios y se sospecha de la producción de documentos no auténticos para estafar a maestros afiliados a la citada organización.
La fiscala Teresa Sosa señaló que los delitos por los que se imputa a la propietaria de la empresa La Roca tienen una pena estimativa de seis meses a 10 años de prisión. “El procedimiento es similar a otros casos de estafa. Los vendedores hacen firmar documentos en blanco a los docentes y estos son utilizados para promover juicios ejecutivos para el embargo de sus salarios por montos muy superiores a la cifra del préstamo real”, explicó.
Además, la unidad fiscal recopiló documentos en el allanamiento a la Asociación de Educadores Ovetenses, que realizó el jueves, donde se comprueban las contraprestaciones excesivas que son altamente usurarias y en contravención a las tasas legales de interés que rigen en nuestro sistema financiero.
Por otra parte, la unidad fiscal a cargo de Teresa Sosa también está promoviendo imputación en contra del vendedor Jesús Ariel Sánchez y la abogada Martha Elizabeth Manzoni Penayo, funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y asistente de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso.
Se sospecha que ambos se aliaron para estafar a siete docentes a quienes Ariel Sánchez, exvendedor de una casa comercial, les habría hecho firmar más pagarés de los necesarios, que luego entregó a la abogada Martha Manzoni para su cobro vía judicial, quien, a su vez, ejecutó dichos pagarés a pesar de la no existencia de deuda alguna de parte de los maestros.
El daño al patrimonio de los docentes es de más de G. 53 millones. A cada docente se le embargó la suma de G. 7.645.000, sin motivo alguno.