El edil Segovia dijo a ABC Color que el proyecto de viviendas en el RC4 aún precisa de un loteamiento aprobado para que las obras puedan iniciarse. Indicó que la solicitud de fraccionamiento de las 23 hectáreas debe pasar por la Municipalidad, es decir, por la Intendencia y la Junta Municipal.
De no contar con el loteamiento, Segovia explicó que no se podrán transferir las viviendas a los beneficiarios del proyecto. Indicó que este es un requisito para la identificación de las cuentas corrientes catastrales, lo cual vendría a ser como la “cédula de identidad” de cada parcela individualizada.
Dijo que a raíz del desconocimiento de la ordenanza y de la ley orgánica municipal, no se contribuye con la dignificación de la gente, ya que no se le podrá aún dar un documento que tenga fuerza legal.
“Nadie se opone a este tipo de proyectos, pero esto no se debería hacer en el área de amortiguamiento del Jardín Botánico. Buscaron un terreno pelado”, dijo el edil, al tiempo de recordar que se utilizará la franja que separa al predio municipal de 250 hectáreas del resto de la ciudad de Asunción.
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Indicó que proyectos como este pueden ir al predio de la ex-Caballería o al RI 14, donde no se sacrificaría el área de amortiguamiento.
Obras ilegales
El concejal explicó que si la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) inicia las obras, este procedimiento sería totalmente ilegal.
Indicó que “el Gobierno Nacional crea desgobierno” y que antes de hacer la publicidad y la posterior venta de los terrenos se debe cumplir con los trámites. Sostuvo que esta práctica constituye una competencia desleal a las inmobiliarias que deben adecuarse a las normas municipales antes de ofrecer sus unidades de vivienda.
“No es serio. Es un boom político electoral en el cual quieren posicionar un supuesto logro preponderante del gobierno de (Horacio) Cartes”, sostuvo.
Por su parte, la ministra de Senavitat, Soledad Núñez, dijo ayer a ABC Cardinal que aún no están definidas la lista de beneficiarios, ni el monto de responsabilidad que pagarán las familias.
En total fueron censadas 1.800 familias y serán beneficiarias 1.000.