Entre los años 2009 y el actual, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) recibió G. 17.457.525.641.866 (casi US$ 4.000 millones) del Presupuesto General de la Nación. En este monto no se hallan incluidas las transferencias a las universidades públicas (ver infografía).
Después de Hacienda, en cuyo presupuesto se incluye el pago de la deuda interna y externa, la cartera de Educación sigue siendo el ente de la administración central que más recursos recibe.
El 90% del presupuesto actual de Educación se destina al pago de salarios. No obstante, las organizaciones gremiales estiman que hay más de 1.000 docentes ad honórem en todo el país.
A diferencia de los años anteriores en que el presupuesto de Educación registraba un importante aumento en cada ejercicio fiscal, en el actual, la transferencia tuvo un recorte de más de 20 millones de dólares, dejando a este ministerio sin recursos para infraestructura.
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El argumento para tal disminución es que por la Ley que creó el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), a partir de este año, son los municipios y gobernaciones los que deben hacerse cargo de la construcción y reparación de instituciones educativas oficiales.
No obstante, la misma ley dice que estos fondos son complementarios. No se explica entonces por qué se hizo depender en exclusividad de estos recursos el mantenimiento de las más de 12.000 instituciones educativas de todo el país.
El drama de las escuelas públicas
Al privarse al Ministerio de Educación de presupuesto para responder a las infinitas necesidades en infraestructura se dejó a las escuelas prácticamente a la deriva, y a merced de la voluntad del intendente o gobernador de turno, quienes insisten en que los fondos que recibieron son insuficientes.
En Asunción, por ejemplo, donde existen aproximadamente 120 instituciones educativas, se transfirieron a la Comuna unos G. 5.000 millones, que según el intendente Arnaldo Samaniego alcanzarán para refaccionar no más de 10 escuelas capitalinas.
Cada vez menos días de clase
El artículo 114 de la Ley Nº 1264 “General de Educación” establece que el año lectivo, en la Educación Escolar Básica, Media y Profesional, tendrá como mínimo 200 días laborales.
No obstante, y por diversos motivos, los alumnos de escuelas y colegios públicos tienen mucho menos días de clase.
Solamente en el primer semestre de este año se han perdido más de 20 días por huelgas y por causas imputables al Ministerio de Educación. En ningún caso se han recuperado las clases perdidas, pese a las promesas del magisterio y el ministerio.