En su libro “Conferencia Episcopal Paraguaya. Origen y evolución”, el entonces arzobispo de Asunción, Mons. Felipe Santiago Benítez, relataba que el 11 de octubre de 1955 la Nunciatura comunicó al entonces Venerable Episcopado Paraguayo (VEP) el deseo de la Santa Sede de que cada país constituyera, sobre estatutos aprobados por Roma, una Conferencia Episcopal de la que habían de participar todos los obispos ordinarios del lugar de las distintas jurisdicciones.
Mons. Ramón Bogarín se encargaba de la redacción de un anteproyecto de estatuto para la Conferencia del Episcopado del Paraguay (ya aparece la CEP).
El 12 de octubre de 1955, los obispos estudiaron el anteproyecto artículo por artículo e, introducidas algunas pequeñas modificaciones, lo aprobaron. El 20 de julio de 1956 vino la aprobación de la Santa Sede. Estos primeros estatutos han permanecido sustancialmente hoy en lo que se refiere a la naturaleza y objetivos de la CEP y a los tres pilotes sobre los cuales descansa: Asamblea Plenaria, Comité Episcopal y Secretariado Permanente.
En estos 60 años de creación, la CEP ha tenido una presencia activa y protagónica en la vida del país orientando, acompañando, denunciando y anunciando desde la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia los acontecimientos culturales, sociales, políticos y económicos que afectan a la sociedad nacional.
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Actualmente, la Conferencia Episcopal Paraguaya cuenta con 15 jurisdicciones eclesiásticas (13 diócesis y 2 vicariatos apostólicos).
“La Conferencia Episcopal Paraguaya es la expresión del afecto y del espíritu colegiales de la actividad colectiva y orgánica del Episcopado paraguayo al servicio del pueblo de Dios. Tiene por objetivo conseguir el mayor bien que la Iglesia proporciona a los hombres y mujeres del país. En sus reuniones periódicas, los obispos ejercen unidos su cargo pastoral, tratando asuntos comunes e intercambiando experiencias y juicios que les permiten descubrir, sobre todo, las formas y métodos pastorales más acomodados a las circunstancias del tiempo y del país” (Estatuto de la CEP, artículo 1).
A través de sus cartas pastorales, mensajes y comunicados, los obispos del Paraguay se pronuncian colectivamente sobre la realidad nacional y eclesial, con el objetivo de enseñar y orientar a los fieles católicos y a las personas de buena voluntad. En los momentos difíciles de la vida del país, ha sido y sigue siendo un referente para el diálogo y la concertación nacional.
En los últimos años, la Conferencia Episcopal Paraguaya optó como prioridad pastoral el rescate de los valores humanos y cristianos, por la familia, como célula fundamental de la sociedad.
El pasado domingo 10 de julio lanzó en Caacupé el Trienio de la Juventud, un emprendimiento pastoral que buscará más protagonismo de los jóvenes en la Iglesia y que, consecuentemente, sean factores de cambio en la sociedad.
Orígenes
La Iglesia en el Paraguay tiene una rica trayectoria en el país. El 1 de mayo de 1547 se erigió la primera diócesis del Río de la Plata, con sede en Asunción. Esa instauración significó el comienzo de la Iglesia institucional y le dio un empuje local. Recibió el título de diócesis de la Santísima Asunción del Río de la Plata.
Este antecedente histórico es considerado importante debido a que desde ese momento la Santa Sede se encarga de dotarle de los obispos necesarios.
Luego de cuatros siglos de aquel acontecimiento, se llegó a 1929 y se dio otro gran paso con la creación de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y otras dos diócesis: Concepción y Villarrica.
Con el correr de los años, fueron creadas otras jurisdicciones, que conforman actualmente la única Provincia Eclesiástica del Paraguay.
La CEP surgió en un momento difícil de la historia patria. En el poder político se instalaba un gobierno que, con el paso de los años, se convertiría en una sangrienta dictadura. Alfredo Stroessner, en la primera magistratura, no dudaba en mandar asesinar y exiliar a compatriotas.
En respuesta a los graves atropellos a los derechos humanos, a principios de 1986 los obispos lanzaron la propuesta de mediar un “diálogo nacional”, respondiendo, en parte, a las repetidas solicitudes del Acuerdo Nacional (una coalición de partidos de oposición) y también a sus iniciativas previas a favor de la reconciliación nacional. Este emprendimiento se llevó adelante en medio de una creciente agitación social y exigencia a favor de una apertura política. La negativa de la dictadura stronista a participar del diálogo y las críticas a esta propuesta contribuyeron a incrementar la desconfianza y las tensiones mutuas en sus relaciones con la Iglesia. En las conclusiones de este emprendimiento presentadas en diciembre de 1987 se reflejaba el descontento de un amplio sector de la sociedad paraguaya hacia el régimen que se instaló en 1954.
Ya en lo que serían los últimos años de la dictadura, el Paraguay recibía un 16 de mayo de 1988 al papa Juan Pablo II, que trajo nuevas fuerzas y energías a la Iglesia. Su presencia fue un apoyo a la jerarquía, que en ese momento también era víctima de la calumnia y de la persecución de parte del régimen.
Tras la caída de la dictadura (2 y 3 de febrero de 1989), en la etapa democrática, la primera postura que asumió el colegiado episcopal fue dar más protagonismo a los laicos en la construcción política de la nación. Sin embargo, los conflictos sociales fueron la constante, que al poco tiempo obligaron nuevamente a la Iglesia Católica a ser la voz de los campesinos e indígenas sin tierra, de los marginados de la educación y salud, así como de los pobres a quienes no alcanzaban los frutos del crecimiento económico.
Sin dudas, el episcopado está hasta hoy muy cerca del pueblo, pero en algunos momentos también incurrió en errores, como cuando la jerarquía paraguaya tuvo activa participación en la renuncia del gobierno democrático de Raúl Cubas (marzo de 1989). Algunos sectores políticos, sociales y la jerarquía llevaron así al poder a un gobierno ilegítimo, encabezado por Luis González Macchi. Tan grande fue el error de la Iglesia que, a poco tiempo de la asunción de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), la Santa Sede reconocía que con su gobierno se recuperaba la institucionalidad de la República. Aquí, en Asunción, su representante, Mons. Antonio Lucibello, también decía el 28 de agosto de 2005 que con Duarte Frutos “se restableció la legalidad de la magistratura en el Estado”.
Esta postura de la Santa Sede obligó al entonces presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Mons. Ignacio Gogorza, a decir el 13 de noviembre de 2005 que González Macchi fue ilegal, y no dudó en afirmar que lo aceptaron porque pareció que era la mejor salida. Con esta decisión se avalaba a una camarilla de ladrones que vació el Estado.
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