El concejal Carlos Arregui (PDP) fue quien solicitó una auditoría a su gestión, por lo que tras una licitación, la empresa PKF se hizo cargo. Se encontró que unos G. 9.125.211.243 fueron gastos sin adecuada documentación de respaldo, y unos G. 19.797.030.846 de aportes no fueron transferidos a la Caja Municipal.

Por su parte, el concejal Federico Franco (Juntos Podemos) comentó que el problema requiere lógicamente de la investigación fiscal y la sanción correspondiente a los responsables. Consideró que lo más grave tiene que ver con la no transferencia de los recursos que fueron retenidos de los funcionarios que debían ser depositados en la caja de jubilaciones. Agregó que no le extrañaría que el cajoneo en la CGR estuviera ligado a las influencias de la ANR en sus autoridades.