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La Intendencia capitalina decidió ayer acompañar la recomendación de la Contraloría General de República (CGR) de rescindir el contrato con Empo Ltda. debido a las irregularidades cometidas por la misma desde hace varios años. Ahora la decisión pasa a manos de la Junta capitalina.
Recién después de publicaciones de ABC Color sobre que Empo Ltda. presentó un documento tributario falso a la Comuna para seguir cobrando la Municipalidad realizó una revisión de todos los certificados utilizados desde el 2016 hasta enero de este año. En total son 17, de entre los cuales, se encontró que varios habrían sido adulterados del mismo modo.
Esto será presentado mañana a las 9:00 en la Fiscalía de manera de ampliar la denuncia que había hecho la Comuna, indicó el director municipal de Asesoría Jurídica, Juan Carlos Ramírez Montalbetti.
El asesor explicó que la Comuna lucharía por la ejecución de la garantía (US$ 237.841) y recordó que la rescisión es una decisión compleja ya que el servicio de disposición final de basura “es un servicio público que puede hacer que colapse todo en 48 horas”, por lo que todas las precauciones serían tomadas antes.
Habló de la posibilidad de contratos provisorios y de nuevos llamados. Incluso, ayer el intendente capitalino, Mario Ferreiro, mantuvo una reunión con representantes de los gancheros, dijo.
Aclaró que todo se analizará una vez que se conozca la postura del legislativo municipal, que debe expedirse con relación a la recomendación de la CGR.
Irregularidades
Publicaciones de ABC Color también habían demostrado que Empo pretendía ceder su contrato a otra empresa fantasma, apañada por autoridades municipales, de manera de evadir una millonaria deuda al Estado. Empo explota el servicio desde hace 13 años y nunca cumplió con la cláusula con la que se comprometía a trasladar el vertedero.
La CGR inició este año una investigación en la que constató que existe un periodo de tiempo de prestación sin cobertura de la garantía, que es una causal rescisoria. Además, halló que la empresa modificó la integración del consorcio que fue adjudicado, lo que significaría una violación al contrato.