El tribunal presidido por Laura Ocampo e integrado por Jesús Riera y Fabián Weisensee declaró probada la comisión de los delitos de apropiación, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.

El colegiado consideró que la conducta de Espínola es agravada, pues en su calidad de administrador de una institución educativa, estaba obligado a cuidar el patrimonio del Estado.

“Su obligación era cuidar, proteger y no dilapidar el patrimonio del Estado”, resaltó Ocampo.

En juicio, la fiscala Nidia Fernández solicitó una condena de 9 años de reclusión para el exfuncionario.

La investigación se abrió a partir de una denuncia de un desvío de G. 178 millones, presentada por la entonces decana María Angélica González de Lezcano en el año 2010. La decana acusó a Espínola de falsificar su firma para desviar G. 178 millones.

“Yo creo que el caudal probatorio que existe en este juicio, como bien explicó la presidenta, son copias simples y hay miles de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que dice que no tienen valor este tipo de pruebas. Por otro lado, no hay pericia contable, hablan de la lesión de confianza y por último hablan de apropiación de vales de combustible sin que haya una prueba contundente”, dijo el abogado Álvaro Arias, quien anunció que apelará el fallo.

El letrado adelantó que solicitará la revisión de la medida restrictiva de libertad.