Conductores, en una “laguna legal” por falta de acuerdo sobre registros

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Hay voces opuestas sobre la perforación de registros. Los intendentes se mantienen en que el conductor debe hacer el trámite, el senador Eduardo Petta dice que la ley de Tránsito no obliga a abonar la tasa y el Dr. Desiderio Sanabria explica que la legislación aún no aplica.

Desiderio Sanabria, quien fue consultor de la Ley 5016/14 de Tránsito y Seguridad Vial, explicó que la perforación del registro es un trámite contemplado en una tasa establecida por cada municipio en su ordenanza tributaria.

Dijo que la aplicabilidad de la legislación, que faculta al ciudadano a renovar cada cinco años el documento y no lo obliga a perforar el registro, será aplicable una vez que el Gobierno Nacional cree la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Calificó de incompleta la información que lanzó el senador Eduardo Petta quien dijo que la nueva ley vigente no obliga al contribuyente a perforar su registro.

Sanabria explicó que para que la Agencia Nacional funcione, debe entrar en el Presupuesto General de la Nación antes de fin de año ya que es un ente nuevo, conformado por cuatro carteras estatales: Hacienda, Salud, Obras Públicas e Interior.

Mientras esta entidad no esté operativa, el registro de conducir debe ser perforado anualmente.

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Por su parte, el senador Eduardo Petta, quien fuera director de la entonces Policía Caminera y parte del equipo que creó la ley, se mantuvo en que el vencimiento único de las licencias es cinco años y que ninguna disposición municipal puede estar por encima de esta ley.

Durante la jornada de ayer, Petta siguió manifestando a través de sus cuentas de Facebook y Twitter que el pago por la perforación no está contemplado y que las Comunas no pueden obligar al contribuyente a hacerlo.

El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, también contradice al senador Petta ya que se sostiene que la perforación es un tributo mínimo que se paga y que se hace en todo el mundo. Dijo que la posición del legislador debe ser bien revisada porque podría concluir en una inconstitucionalidad.

“Es una discusión peligrosa”, señaló el jefe comunal quien se comprometió a estudiar con sus asesores jurídicos la contravención entre ordenanza y ley.

Este conflicto pudo haberse evitado si Ferreiro, intendente de la capital, hubiese liderado un equipo para debatir los alcances de la ley y brindado información precisa sobre el pago de la tasa municipal.