El presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Hildegardo González, detalló que antes del 2015 tenían presupuesto cero para pagar a especialistas en intervenciones.
Tampoco tenían fondos para contratar funcionarios encargados de los análisis de proyectos de doctorados, habilitación de carreras y estudios de infraestructura en sedes centrales, filiales y sedes de las universidades a nivel país.
Por tanto, las universidades o los institutos superiores intervenidos debían hacerse cargo de la totalidad de los gastos.
El monto que debía pagar la institución podía superar fácilmente los G. 100 millones, pero podía variar de acuerdo a la cantidad de tiempo que durase la intervención. El tiempo máximo de duración es de 6 meses, pero puede prorrogarse por 3 meses más.
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El interventor debe percibir un salario de G. 12 millones al mes. También se deben cubrir los salarios de los tres asesores (jurídico, contable y académico) que lo acompañan. Estos cobran por mes un salario de G. 8 millones cada uno.
Si la casa de estudios intervenida está en el interior, se debe abonar también, en ese caso, estadía y viático.
El Cones funciona como órgano regulador de la educación superior desde noviembre del año 2013.
Cartes intervino
“El Ministerio de Hacienda, mediante una mediación del presidente de la República, Horacio Cartes, otorgó para este año al Cones un presupuesto de G. 6.000 millones que el Congreso aprobó. Si bien es insuficiente, es mejor que nada”, dijo González.
El Cones hoy tiene solo 12 funcionarios para regularizar la situación de la educación terciaria en el país.
Este año el MEC va a ceder sus interventores al Cones, por el tiempo que duren las fiscalizaciones que se deban llevar a cabo.
“Gracias a eso vamos a tener mayor independencia y seriedad”, dijo González a ABC Color.