Contratos extensos siempre fueron un “dolor de bolsillo” para Asunción

A dos semanas está la Municipalidad de Asunción de conceder por un período de 15 años la explotación del servicio de estacionamiento tarifado en la ciudad al consorcio Parxin, de Héctor Calcagno. La base es un pliego de bases y condiciones –del cual se elaborará el contrato– que tiene errores de forma que la propia Comuna reconoce.

En 1993, bajo la intendencia de Carlos Filizzola, la Comuna concedió a la empresa Vector SA, de Luis Fernando Dumot, el servicio de estacionamiento tarifado en el subterráneo de la Plaza de la Democracia por un período de 27 años. Sin embargo, según la Comuna, la empresa incumplió con un pago de G. 300 millones y, a raíz de ello, subarrendó el local a un particular.

Según las publicaciones de ABC Color del 2007, ya bajo la administración de María Evangelista Troche de Gallegos, la empresa recurrió a la justicia argumentando que el municipio no cumplió con una cláusula del contrato en la cual la Comuna se comprometía a no habilitar otros estacionamientos en los accesos al estacionamiento de la plaza, por lo que dejó de pagar el canon. El incumplimiento argumentado por Vector SA terminó en una demanda a la ciudad con la solicitud de un resarcimiento de G. 20.000 millones.

En ese mismo año, el juez Civil y Comercial del 7º turno de primera instancia de capital Hugo Bécker falló a favor de la empresa privada y obligó a la Comuna a pagar G. 696 millones a la firma, un monto muy inferior a los G. 20.000 millones reclamados.

Al año siguiente, la administración municipal vuelve a cometer un error al conceder a la empresa Ivesur, por un extenso plazo de 10 años, la explotación del servicio de Inspección Técnica Vehicular (ITV), un requisito obligatorio para la obtención de la patente municipal capitalina, según el contrato.

Hoy, la Municipalidad soporta una demanda en contra de US$ 12 millones por incumplimiento. La empresa sostiene que entre el 2008 y el 2012, la Comuna habilitó 60.000 vehículos anualmente –sin exigir ITV–, y dejó ingresar 170.000 rodados del interior, sin contar con dicha exigencia. Según el contrato, se debía exigir verificación al 100% de los rodados.

La Comuna, por su parte, sostiene que la demanda (que se inició en la administración de Arnaldo Samaniego) es inconstitucional porque la Ley 620/76 habilita a todos los automovilistas a transitar por la República, una vez tributado en sus municipalidades.

En la actualidad está vigente una prórroga de 60 días, solicitada por la Asesoría Jurídica de Asunción a la Cámara de Arbitraje y Mediación para que la administración de Mario Ferreiro pueda interiorizarse de la demanda de la empresa Ivesur contra la Comuna.

Mismo error

Hoy, la Municipalidad de Asunción tiene un plazo de 15 días para expedirse sobre la concesión del servicio de estacionamiento tarifado en la ciudad al consorcio Parxin.

El proceso, que comenzó en el 2013 bajo la administración de Arnaldo Samaniego y culminó en el 2015, un día antes de la renuncia de su sucesor Omar Pico, podría recibir el aval de Mario Ferreiro, quien plantea una “mesa de negociación”.

Ese diálogo servirá para que la Comuna pueda debatir con la firma las inconsistencias del contrato cuyas consecuencias, entre otras, golpearán a los contribuyentes capitalinos que buscarán otros municipios para obtener sus patentes.

En caso de que no haya un punto de negociación con la empresa, el servicio se concederá como fue acordado originalmente, y la Municipalidad, para intentar modificar el contrato con el consorcio Parxin, estará obligada a recurrir a la justicia.

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