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Portillo tendría evidencias para imputar al actual contralor y exdirector jurídico de la Comuna asuncena, pero no lo hace, debido a presiones, según denuncian concejales, que pidieron no revelar sus nombres.
La fiscala investiga el caso Ivesur, por el cual la Comuna fue condenada a pagar US$ 3,6 millones a la firma.
Portillo, cuando fue consultada por nuestro diario, se excusó de hablar sobre el tema. Alegó que está fuera del país y que no tenía las documentaciones consigo.
Un dictamen de la Junta Municipal sobre el caso se emitió en marzo y concluyó que García no planteó la nulidad contra el fallo de un Tribunal Arbitral que condenó a la comuna.
El dictamen habría provocado el enojo de García, y de su “equipo” integrado por Camilo Soárez y Basilio “Bachi” Núñez, asesor político de la Presidencia.
Es por ello, que Soárez denunció al concejal Carlos Arregui (PDP), quien había encabezado la investigación del tema Ivesur. La denuncia fue por “persecución de inocente” y otros tipos penales en referencia al caso de los “coquitos de oro”, que data del 2010, cuando Arregui era fiscal adjunto.
Por otro lado, se habla de un pago a Rodolfo Duarte, funcionario contratado de la Comuna, quién supuestamente había llevado la apelación del fallo al Tribunal de Apelación en lo Civil, que se confirmó que nunca se presentó.
Fuentes municipales indicaron que el equipo de García habría ofrecido G. 50 millones a Duarte, para que asuma la culpa.
Por su parte, García negó que se haya ordenado a la fiscala para congelar el caso. Sobre la relación que tiene con Soarez y Núñez , dijo a ayer a ABC: “Soarez es mi amigo, es mi compañero de la política (...) Al señor Núñez lo conozco, pero no tengo contacto”. Calificó como normal el ritmo en el que va el caso y dijo que muchos de estos tienen tiempos lentos. “Es falso, yo no he ofrecido dinero a nadie”, respondió sobre el funcionario Duarte. Hasta ahora, no hay un solo imputado por el caso, por el que pagarán los contraibuyentes de Asunción.