La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), dirigida por Carlos Georgi Samaran, acompañado del viceministro de Transporte, Agustín Encina, el 14 de febrero pasado denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a los jueces Arsenio Coronel y Amado Verón, por otorgar un amparo a la empresa Pycasu SA, cuyos itinerarios había cancelado por incumplir normas de seguridad.
Apenas pasaron un par de semanas para que la institución retire la carpeta y deje sin efecto la denuncia contra los magistrados, que permitieron que Pycasu SA siga prestando servicio con vehículos chatarras.
Rodrigo Amidei, secretario del JEM, confirmó que “se retiró la denuncia y se está analizando, por lo que más datos no podía dar”.
Llamamos al titular de Dinatran para que nos dé su versión, pero no fue posible. Tuvo varias reuniones ayer, según la oficina de prensa. Una de ellas en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Justamente los rumores en torno al retiro de la denuncia señalan que dejó sin efecto porque el Tribunal de Cuentas es el que debe auditar la gestión del MOPC, institución con la que coordina los trabajos sobre los temas que atañen al transporte público.
A fines del año pasado, el MOPC consiguió un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia para que la Contraloría General de la República no audite sus actuaciones, sino el Tribunal de Cuentas.