Dinero en negro que mueve el Abasto supera los G. 3.000 millones al mes

El dinero en negro mensual que se mueve en el Abasto supera los G. 3.000 millones. Una parte va al bolsillo de los funcionarios que permiten la ocupación de pasillos y el subarrendamiento de locales que está expresamente prohibido. Todos conocen internamente este sistema corrupto.

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El Mercado de Abasto es una fuente generadora de dinero en negro para los mandamases de turno de la Municipalidad e inclusive para los funcionarios de menor cuantía.

Uno de los principales rubros es el subarrendamiento de los locales. Mientras a las arcas de la Comuna apenas llegan G. 1.600.000 al mes por sitio alquilado, dependiendo del sector (bloque A el más caro, planta alta, patio y pasillo los más baratos), los “empresarios” quintuplican esta cifra teniendo en cuenta que subarriendan los locales a tres y hasta a seis comerciantes, a los que le cobran a cada uno G. 1.500.000 al mes. En un bloque donde deben operar 48 negocios funcionan más de 300, mediante esta práctica corrupta conocida y apañada.

Están registrados 1.650 permisionarios, que ingresan G. 12.000 millones al año, pero en la práctica superan los 3.500, que producen una evasión de 3.000 millones al mes, lo que en un año significan G. 36.000 millones. También están los pasilleros que abonan G. 25.000 al día a los operadores internos.

El actual director Víctor Otilio Sánchez, fundador del nuevo Partido de la A, dijo que no pueden hacer nada porque cuando intervienen los comerciantes mau se hacen pasar como ayudantes del dueño. “Es un sistema perverso que se instaló acá”, expresó.

Iván Arévalos, director bajo la intendencia de Arnaldo Samaniego (ANR), también confirmó el hecho. Se presume que parte de la recaudación paralela queda para los funcionarios que permiten esta ilegalidad. Otro negocio lucrativo bajo la actual dirección es la venta de espacios libres. Entre 2016 y este año se construyeron una veintena de locales nuevos. Para la Comuna significaron ingresos irrisorios, pero muy importantes para los administradores. Según fuentes del sector, para conseguir el espacio se paga una coima de más de G. 100 millones, dependiendo de la zona.

Cualquier obra en el Abasto la debe aprobar la Junta, según la Ordenanza 89/98, pero Sánchez argumentó que permitió las obras para regularizar las ocupaciones.

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