23 de Setiembre de 2016

 

Distribuidora presentó información falsa

La Distribuidora Fénix SA, cuya representante legal es Nancy Lucina Godoy, presentó documentación falsa al comité evaluador de la licitación para obras de locales escolares. La misma, dedicada al rubro de provisión de alimentos, debía acreditar experiencia en construcciones y para ello presentó tres contratos de obras: una vivienda, un silo y locales comerciales, las cuales no habría tributado.

Tras las denuncias de ABC Color, la dirección Anticorrupción del MEC consultó a la Subsecretaría de Tributación, y verificó que Distribuidora Fénix fue inscripta en actividades de construcción recién el 6 de julio de este año. No es la primera vez que esta empresa es salpicada por hechos de corrupción. Sin embargo, capta multimillonarios contratos del Estado.

Suspende audiencia

Por tercera vez, se suspendió la audiencia preliminar para el exministro de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia José Orué Rolandi y la proveedora Nancy Lucina Godoy, fijada para ayer. Es en el proceso abierto por lesión de confianza y estafa por compras que causaron un perjuicio de más de G. 3.000 millones al Estado.

El juez Julián López convocó a Orué para el próximo 1 de noviembre, para realizar la diligencia, no así a Godoy, debido a que la audiencia fue postergada precisamente debido a un recurso presentado por la acusada.

Específicamente, el defensor de la proveedora, Álvaro Arias, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución por la cual el Tribunal de Apelación ratificó la decisión del magistrado de dar intervención a la Procuraduría General de la República, en representación de la víctima, y presentó una apelación contra la convocatoria a la audiencia, en atención a que la Corte no ha resuelto dicha acción aún.

La fiscala Josefina Aghemo solicitó se declare la inadmisibilidad del recurso y sancione a Godoy por uso abusivo del derecho, con 50 días multa.

“La señora Nancy Godoy ha utilizado los recursos a través de una estrategia conformada por una pluralidad de actos procesales para dilatar la tramitación de la misma. En ningún momento tuvo la verdadera intención de conseguir la revisión de un error judicial”, concluyó la fiscala.

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