Al menos 12 familias de las 112 que accedieron a las casas económicas financiadas con recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) están consiguiendo ingresos económicos extras mediante el arrendamiento de toda la casa o parte de la misma a otras personas que no fueron empadronadas para acceder a las coquetas viviendas. Las mismas están en una zona privilegiada, con vista a la bahía.
Una de las personas que arrendó su vivienda es Eulalio Ramírez, del bloque 3. Ayer a la mañana estaba en la casa de su madre, Rosaria Acuña, quien reside en la casa pegada a la suya. “Yo vivo arriba y abajo alquilo. No puedo trabajar. Tengo problemas de salud”, argumentó. Dijo que sufre de dolores en la cintura. No contaba con algún diagnóstico porque el médico solo le recetó calmantes cuando se fue a consultar, explicó.
Se negó a mencionar el monto que percibe en concepto de alquiler. Su esposa Noelia Zárate continúa viviendo en la parte baja de la Chacarita, en la casa que debió ser derrumbada cuando se le entregó a la familia la vivienda en la zona más privilegiada de la Costanera.
Las demás personas que están haciendo negocio con la casa proveida por el Estado son: Ciriaco Fernández (bloque 4), Ninfa Gavilán (bloque 3), Liliana Troche (bloque 1), María Tullo (bloque 3), María Cardoso (bloque 3), Ana Cabañas (bloque 2), Amada Matto (bloque 2), Pastor Peralta (bloque 2), Gustavo Mendoza (bloque 2), Lucila Franco (bloque 4). La casa de Mario Maidana, quien falleció el año pasado, también es alquilada por los familiares. La madre del difunto, Agustina, reside en el mismo bloque. No sabe cómo va a quedar la casa de su hijo fallecido porque no recibió el título de propiedad. Dejó cuatro hijos menores. Uno apenas tiene 15 años, no estudia y está perdido en las drogas.
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El líder de la comisión vecinal, Juan Carlos Franco reconoció ayer en una entrevista con nuestro diario que está al tanto de todo. Argumentó que las autoridades del Gobierno son responsables de la violación del contrato y las falta de respeto a las normas, porque no hacen un control, un seguimiento diario de todas las familias. “Está prohibido alquilar, pero se alquila. Muchos ampliaron su casa. Salieron más de un metro en los espacios libres lo que también está prohibido”, señaló. Aseguró que “desean mejorar el nivel de vida de todos los que residen en el lugar y para el efecto necesitan del apoyo de las instituciones”.
Antecedentes
La Villa General Santos, se terminó de construir a fines de 2014. Se proyectó para la reubicación de 112 familias de la Chacarita afectadas por la Costanera I, más 2 dispensarios. Cada vivienda costó G. 142 millones. Consta de una sala comedor, baño y dos dormitorios. Se inauguró en febrero de 2015.