Escauriza refirió que el único interés que los mueve es proteger el derecho de los niños y adolescentes, ya que la situación es muy compleja. “Cuando tomamos conocimientos de algún caso intentamos que se le haga rendir al alumno en el día o al día siguiente, pero si esto no se logra remitimos un informe a la Dirección Interna, que es la encargada de hacer los sumarios administrativos”, explicó. Una vez que se concrete el sumario se inicia la consolidación de la denuncia y a partir de allí si la investigación determina la culpabilidad de la institución, que puede ser castigada con multas que van de G. 10 millones hasta casi G. 92 millones (45 salarios mínimos vigentes). 

La funcionaria refirió que todos los colegios ya tenían conocimiento de esta ley desde el año pasado, y todos al momento de matricular a los estudiantes deben hacer firmar documentos de compromiso para evitar estas situaciones, y evitar utilizar a los alumnos para presionar a que los padres honren sus deudas. “En este momento somos como una especie de abogados del diablo, porque en los colegios nos dicen que incentivamos la irresponsabilidad de los padres y estos se excusan con la ley para desentenderse de sus deudas”, dijo Escauriza.