/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/CGV7VSIXDNHWHHPZBFOYKKG3PE.jpg)
Cargando...
Por tal motivo, el agente fiscal Julio César Ortiz, de la Unidad Penal Nº 2 de San Lorenzo, solicitó una salida beneficiosa mediante un “incidente de suspensión condicional del procedimiento” al juez Gustavo Bóveda, quien rechazó el pedido tras una querella presentada por la abogada de la víctima, Kattya González, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay.
Rodríguez Andersen ofreció cumplir, por un año, algunas reglas de conducta como la prohibición de acercarse a la víctima, prohibición de salida del país, comparecer ante el juzgado cada mes, no cambiar de domicilio, pagar G. 500.000 mensuales a un centro integral para niños y adolescentes con necesidades especiales (Cedinane), entre otros varios puntos.
Kattya González dijo que “él ofrece muy poca cosa, gana G. 34 millones y quiere pagar solo G. 500.000 a un centro integral por un año. No aceptamos eso, porque no repara el daño que le causó a la víctima con su acoso. Exigimos que sea juzgado públicamente y queremos una condena, no una salida abreviada”.
La víctima es una alumna de Medicina de la filial de Santa Rosa del Aguaray.
Rodríguez Andersen, junto con los hermanos Jaime y Emiliano Ibarrola, integra una “claque” muy cuestionada por varias irregularidades en el Hospital de Clínicas, dependiente de la UNA. Todos están sumariados. Sin embargo, perciben aún un salario de G. 34 millones. Solo acuden al hospital para marcar asistencia, pues están sin tareas.