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El contrato con la empresa Ivesur, que realizaba la inspección técnica vehicular (ITV), venció. La ordenanza que establece cómo se realizará el nuevo llamado y el pliego de bases y condiciones ya fue aprobada por el legislativo.
No obstante, los concejales Carlos Arregui y Elvio Segovia (PDP) solicitaron mediante minuta la suspensión de la ITV, hasta que esta sea realmente hecha en todas las ciudades, ya que ahora representa una fuga de contribuyentes. Esto será tratado hoy en sesión ordinaria.
Por otra parte, el director Municipal de Tránsito, Luis M. Pereira, informó que las personas deben continuar haciendo la ITV en Ivesur, teniendo en cuenta que hay leyes que establecen su obligatoriedad. “Hay que aclarar que ya no hay ningún vínculo contraactual entre Ivesur y la Municipalidad. Simplemente se toman como válidas las inspecciones realizadas en ese taller”, dijo.
Hoy también se debatirá el pedido de la Intendencia de que además de la ITV realizada en Ivesur también sea válida la que se haga en el taller Coarco.
Este fue denunciado en el 2013 a través de medios periodísticos, debido a la facilidad de la obtención de la habilitación sin siquiera llevar el vehículo al sitio.
Con respecto a los registros y las críticas hacia la Opaci, Pereira confirmó que de los G. 10.600 que el municipio cobra por la revalidación de la licencia de conducir, solo G. 600 terminan en las arcas de la Comuna y G. 10.000 –el 94%– van a parar a la ONG.
Se estima que Opaci junta G. 70.000 millones anuales de todas las comunas, y no se sabe qué hace con este dinero.