Los maestros se manifestaron ayer frente al Congreso Nacional como medida de fuerza para que la Comisión de Presupuesto dictamine sobre las modificaciones hechas por la Cámara de Senadores.
Al no recibir respuesta, este gremio continuará con la huelga que inició la semana pasada y que paraliza al 30% de las instituciones educativas oficiales, según datos del MEC.
Los maestros piden jubilarse al cumplir 28 años de aporte con el monto que resulte del 93% (hoy es 87%) del prorrateo de los cinco últimos años trabajados.
También exigen que el aumento anual se establezca con base en la inflación declarada por el Banco Central del Paraguay y no la mitad de este, como lo determinaron los senadores; asimismo, que se les consideren hasta cinco hijos, y no tres, tanto a hombres y a mujeres.
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Para Blanca Ávalos, dirigente sindical, de aplicarse la modificación de los senadores sería un retroceso, que están mejor con la vigente.
“El valor de un millón y medio de guaraníes no es el mismo que tenía cinco años atrás. Del mismo modo, no lo será dentro de diez años. Nuestra jubilación perderá mucho valor con la variación de la inflación”, explicó la docente.
Beneficios crecientes, pero insuficientes
A pesar de las quejas y de que aún existen muchos beneficios contemplados en las leyes que no se cumplen, el magisterio es uno de los gremios que más han mejorado sus condiciones laborales en este período de gobierno.
En estos últimos cinco años, por ejemplo, se comenzó a pagar el subsidio familiar por hijo, que figuraba en el Estatuto Docente pero no se cumplía. También se duplicó el número de contratos a reemplanzantes por maternidad, aunque subsisten los atrasos de más de un año para cobrarlos.
Los educadores también volvieron a acceder al salario mínimo vigente por turno, un beneficio que habían perdido.
Calificación de huelgas
A criterio del asesor jurídico del Ministerio de Educación y Cultura, el abogado Nelson López, esta semana la jueza de primera instancia en lo laboral Sandra Bazán se expediría acerca del pedido de calificación de las huelgas docentes. Ese pedido se refiere tanto a la huelga de la FEP en desarrollo como a la huelga que levantó la semana pasada el Comando de Unidad Sindical de Trabajadores de la Educación.
López sostiene que la huelga es ilegal porque atenta contra el derecho constitucional de los niños de recibir educación. Agrega que esta medida es un método de coacción contra un poder del Estado, situación prohibida por la ley.
Ayer acudió hasta el juzgado el secretario general de la FEP, Carlos Parodi, quien estuvo acompañado de sus asesores jurídicos para presentar las pruebas de descargo para justificar la legalidad de la medida de fuerza.