“La cuestión en los amparos judiciales es que los jueces entienden que el derecho a la vida prima por sobre todo, pero creemos que el seguro -del IPS- es para los asegurados y la salud pública corresponde al Ministerio de Salud”, manifestó anoche el director jurídico de la previsional, doctor Andreas Ohlandt, ante una consulta de ABC Color al respecto.
Expresó que la previsional hace sus propios recursos -por medio de los aportes obrero patronales- y que es justo que la institución sea solo para los asegurados, e incluso las órdenes judiciales de atender a un enfermo no asegurado “de repente adquiere ribetes dramáticos por ejemplo cuando no hay cama disponible” y cuando el propio cotizante “también tiene ese mismo problema”.
Agregó que “la solución va por el lado de que el IPS es de los asegurados”, remarcó, y que aún siendo así la situación “nosotros siempre buscamos la forma de cumplir, vemos la forma, entendemos que hay una vida humana en juego”.
Sin embargo, podría surgir un grave inconveniente: “No se nos dio todavía la oportunidad en que tengamos que desenchufar (las máquinas) a un asegurado. El día que eso suceda va a ser un problema. Espero que los jueces puedan tomar consciencia de que esas decisiones suyas tienen consecuencias, hay una vida humana”.
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Se pedirá devolución
Al ser consultado si la previsional pasará la cuenta de los gastos que significan las atenciones a personas no aseguradas, refirió que “de hecho estamos haciendo un cálculo y vamos a pasar al Consejo de Administración, que fue el que lo solicitó, de cuánto se gastó el año pasado en los amparos” para que luego esas autoridades reclamen formalmente al Ministerio de Hacienda el reembolso correspondiente.
Otro problema que generan los amparos firmados por los jueces es que cuando se interna a la gente cuya atención ordenan, se le deben comprar remedios con dinero que era para adquirir medicamentos a los asegurados, a quienes les faltarán esos productos. “Estas son cuestiones que lastimosamente se producen judicialmente”, dijo.
El doctor Andreas Ohlandt informó que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social entiende la posición del IPS y que va a apoyar el mencionado reclamo de devolución de fondos.
Al ser preguntado si será más apropiado que los magistrados ordenen a los hospitales públicos la atención de no asegurados del IPS, el director jurídico manifestó que así debe ser, pues la previsional es solo de los aportantes.
Según los datos existentes, el Instituto de Previsión Social, organismo perteneciente a trabajadores y sus empleadores aportantes, gasta anualmente unos 15 millones de dólares (G. 75.000 millones) en las internaciones y medicamentos para pacientes que consiguen ser atendidos mediante órdenes judiciales. Algunos de esos ciudadanos son pudientes, cuentan con seguro médico en sanatorios privados o son parientes de políticos.
Casi 400 sumariados
Por otra parte, el director jurídico de la previsional, doctor Andreas Ohlandt, informó ante una consulta de ABC Color que se han abierto sumarios a alrededor de 390 funcionarios debido a sus inasistencias a sus lugares de trabajo, y que una vez culminados los procesos investigativos serán despedidos los que no pudieran justificar sus situaciones según el tiempo del abandono de sus funciones.
Dijo que esas pesquisas son sobre las ausencias a sus puestos del primer trimestre del año pasado, que estarán finiquitadas este mes, y que también se están pidiendo informes al departamento de Recursos Humanos sobre las ausencias ocurridas en el segundo y tercer trimestre del 2015, para abrir los sumarios pertinentes.
Agregó que cuando alguien falta a su labor directamente se le descuenta el sueldo, “eso rige para todos los funcionarios”, incluso para los médicos. Señaló que en la entidad las asistencias son registradas por huellas digitales, con “reloj biométrico”. Refirió que el año pasado “se despidió a decenas de personas”.
Por último, explicó que varias personas que habían ingresado en administraciones anteriores como empleados con cargos de confianza, sin concurso, y que no estaban cumpliendo las funciones para las cuales habían sido incorporadas, fueron desvinculadas bajo la Ley de la Función Pública.