En 2016 el intendente de Lambaré, Armando Gómez (PLRA), distribuyó más de G. 6.000 millones a las comisiones vecinales para la ejecución de obras. De esta manera eludió el control de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.

Uno de los beneficiados con la plata de los contribuyentes lambareños fue Renán Leguizamón, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS) desde 2002, con sueldo de G. 5.000.000 y profesor en la Facultad Politécnica con salario de G. 2.766.032.

El Art. 57 de la Ley 1626 de la Función Pública (Inciso M) dice que los funcionarios “no pueden ser proveedores o contratistas del Estado”.

Pero si bien el funcionario del IPS admitió que fue el responsable de ejecutar varios proyectos para la comuna lambareña, a través de sus empresas Las Primas y Mármol SA, su nombre no figura como accionista.

Ambas empresas facturaron a varias comisiones vecinales cerca de G. 1.000 millones por arreglo de puente, embellecimiento de plazas, construcción de vallados, empedrados, entre otros.

“No, no estoy infringiendo ni una ley”, aseguró ayer a nuestro diario. Agregó que “contrató a un arquitecto de apellido Sartorio (cuyo nombre no recordaba) para realizar los trabajos”.

Pero quien terminó ejecutando las obras fue Gerardo Aguilar, un estudiante de tercer año de Ingeniería en la cuestionada Unidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP). En principio Aguilar aseguró que era ingeniero, y cuando le insistimos sobre el nombre de su facultad cortó la llamada. Luego se comunicó de nuevo para admitir que es estudiante de tercer curso, pero que trabajó con un profesional en la ejecución de las obras para la comuna.