Según fuentes del MEC, la medida adoptada por el titular de la cartera de Educación, lo único que hizo fue dejar a instituciones enteras sin profesionales que atiendan a los niños y adolescentes con capacidades diferenciadas.

“Esos rubros, que según el MEC, van a ir a cubrir necesidades, no son necesarios. Si bien todas las asignaciones categorías L son de aulas, esos rubros fueron disponibilizados y trabajados con los niveles educativos y con la Dirección de Control en su momento para verificar si realmente iba haber necesidad en la institución donde figuraba ese sueldo”, señalaron fuentes del MEC.

“Entonces, como se verificó que no iba haber necesidad, fueron reasignados a otras instituciones. O sea, esos rubros ya habían sido reasignados y disponibilizados a instituciones que sí estaban con necesidad y ahora supuestamente quieren usar de vuelta para volverlos a reasignar, lo cual es una estupidez mayúscula”, señalaron nuestras fuentes.

Los mismos aseguran que la negligencia del ministro Petta para solucionar el problema de los jubilados le lleva a cometer graves irregularidades con el tema de los nombramientos docentes.

La decisión del ministro Petta, de desvincular a los profesionales, fue por recomendación de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción.

Sin embargo, no se tuvo en cuenta que los mismos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, trabajadores sociales y otros, trabajan justamente en la formación de niños con capacidades diferenciadas en estos centros de educación inclusiva.

Petta firmó la resolución y luego viajó a los Estados Unidos.