Ahora el MEC acaba de elaborar un manual didáctico para la prevención e intervención en este tipo de caso. El protocolo de acción, puntualmente explicado, fue aprobado por resolución. Estos materiales están comenzando a ser socializados con la comunidad educativa. En principio, se llegará a través de talleres a instituciones educativas de Asunción, Central y ciudades de fronteras, ya que el fenómeno se da más en zonas urbanas.
“No solo se aborda cuando ya sucede el hecho, sino que consideramos medidas de sensibilización y prevención. Con eso se pretende que esto no ocurra, y si está sucediendo, hacer una detección temprana para que no haya consecuencias graves”, señala Argüello.
Esas medidas preventivas incluyen, por ejemplo, la implementación de cuestionarios de detección de violencia o acoso y el establecimiento de reglas en cada clase, que tengan como base que la violencia, el acoso y los malos tratos no son formas de trato adecuado. También se determinan medidas preventivas con las familias.
Cuando una persona considera que se está registrando un caso concreto, deberá seguir un registro de actuación, que incluye la valoración de la situación y se fija un plazo para confirmar la sospecha, que no puede exceder las 72 horas. Si se trata de un caso evidente de violencia física no es necesario esperar ese tiempo, y el protocolo de intervención debe iniciarse inmediatamente, con la derivación de la víctima a un centro de salud, si es necesario.
El protocolo establece que las instituciones educativas pueden resolver por sí mismas esta problemática, pero reconoce que si la situación trasciende los recursos y competencias del sistema educativo es necesario solicitar ayuda externa. Por ejemplo, de una Codeni, la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, la Defensoría de la Niñez y hasta la Policía Nacional.
Las víctimas deben recibir apoyo y protección urgentes. También con carácter de urgencia se establece que los agresores entiendan el mensaje de que existe “tolerancia cero” hacia la violencia y el bullying.
Las medidas disciplinarias tendrán que ser coherentes con las normas de cada institución. Se reconoce, además, que el victimario también puede requerir protección y puede estar viviendo situaciones de violencia intrafamiliar.