La voz de la mayoría de los representantes que participaron de la audiencia pública fue que se ensamblen los proyectos de ley de declaración de emergencia en infraestructura escolar presentados por los diputados Romero Roa y Rocío Casco.
La mayoría de los estudiantes solicitaron que la declaración de emergencia se base solo en la infraestructura escolar, y no en la educación pública, por ser muy amplia y que se extienda por un año su alcance, no a dos o 90 días prorrogables, como plantea Casco.
También se mostraron de acuerdo con la conformación de comités de emergencia educativa por cada institución, que estaría integrada por padres, docentes, estudiantes y directores.
El ministro de Hacienda, Santiago Peña, por su parte, solicitó que se tenga en cuenta una tercera opción en que se incluya la visión técnica del empresario de la construcción, Víctor González Acosta, que mencionó que es necesario construir pensando en volumen de construcción, provisión en tiempo y forma, logística e innovación.
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También señaló que es muy importante que se obligue a los contratistas por pliego a que contemplen el mantenimiento de lo que construyan por un año, tiempo en que se pueden detectar los vicios ocultos de las construcciones.
Descentralización
Otro punto de debate fue la descentralización de las acciones. Se mencionó que durante la emergencia el Ministerio de Educación se encargue de articular los recursos, por temor al desvío, pero la mayoría apostó por la descentralización, con la intervención directa de intendentes, gobernadores, quienes solicitaron el cese de la burocracia para intervenir en escuelas y colegios.
Concejales criticaron a la Dirección de Infraestructura del MEC, por la excesiva burocracia para aprobar las obras. Por ello solicitaron que si se conforman los comités de emergencia en cada institución, tras una supervisión y asesoramiento técnico, se lleve el proyecto directamente al proceso de contratación y así evitar que la aprobación de proyectos de construcción sobrepasen los seis a ocho meses como ocurre actualmente.
Se subrayó que no todos los intendentes y gobernadores desviaron recursos. Son unos 30 los que están imputados y se exigió que el Poder Judicial, considerado el gran ausente en la audiencia pública y como “la madre de todos los males”, obligue a cumplir la ley y envíe a la cárcel a las autoridades que malversen los recursos de la educación.
El ministro de Educación, Enrique Riera, señaló que un total de 4.112 instituciones del país nunca fueron verificadas. Dijo que espera reclutar a arquitectos e ingenieros de Yacyretá, Itaipú, de la Facultad de Ingeniería, de la Senavitat, y sociedad civil para realizar esa verificación.
Además, subrayó la importancia de trabajar en conjunto con gobernadores e intendentes, y planteó cambiar el criterio de distribución de los recursos de Fonacide, y que se realicen de acuerdo a las necesidades de cada municipio y ya no con base en los royalties.
Finalmente, se solicitó un periodo de ocho días para consensuar y sacar un proyecto unánime.