Según el Decreto Nº 2598, el castigo es aplicable a las infracciones a la vida silvestre, evaluación de impacto ambiental, daños a las áreas silvestres protegidas, por servicios ambientales, contaminación de los recursos hídricos, pesca y acuicultura, contra la capa de ozono, entre otras. De acuerdo a la gravedad, la sanción puede ser entre 3001 a 20.000 jornales mínimos. 

Los daños ambientales, según el caso y tipo de infracción, pueden ser considerados como: leve, grave y gravísimo. Estas a su vez pueden ir acompañadas de otras medidas como la suspensión o revocación de licencia, suspensión de actividades, inhabilitación, clausura de locales y/o decomiso de bienes, confinamiento de áreas deforestadas, entre otras. 

“Al elevar las sanciones se busca que los eventuales infractores eviten realizar cualquier tipo de delito ambiental o contra la fauna porque enfrentará las implicancias que conlleva, principalmente de índole económica, medida que se ha sumado a las acciones que la autoridad ambiental nacional viene realizando en el ámbito del cumplimiento de las leyes”, enfatizan en el boletín emitido. 

En nuestro país está prohibido realizar cacería de la fauna silvestre. Al incumplirlo, el infractor se expone a 8 años de cárcel. Darío Mandelburguer, director de Vida Silvestre, informó que actualmente no existe permiso alguno para la cacería. Indicó que es un grave delito matar animales en peligro de extinción y lamentó que muchos de ellos suelen ser objeto de tráfico y comercialización como el yacaré, chancho silvestre, carpincho, armadillo, etc.