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Los contratos se firmaron a fines de 2013, pero recién se iniciaron en 2015, por la tardanza del pago del anticipo financiero.
Hace diez días, la Contraloría dio a conocer un informe de auditoría de las obras, que desnuda una serie de violaciones a las cláusulas contractuales, que propiciaron pagos por obras no ejecutadas por más de G. 2.000 millones.
Ni la Procuraduría de la República, ni el Consejo de Empresas Públicas, y mucho menos el Ejecutivo toman medidas en el tema. En este momento, es más importante la política que las obras chapuceras.