La fuga de cerebros es una triste realidad en nuestro país, donde no existen leyes ni mecanismos para garantizar íntegramente concursos de méritos y aptitudes en todos los niveles de empleo, en el sector público o en el privado.
Ayer Estela Romero, madre de Nadia Romero, estudiante de Neurociencia en la Universidad de Pensilvania, EE.UU., comentaba con resignación a ABC Cardinal que su hija ya no desea volver a Paraguay ante la falta de oportunidades. “Mi hija habla siete idiomas, primero hizo sus estudios en Noruega, luego en China Continental y ahora en EE.UU., a través de becas, y cada vez que viene de vacaciones se va superdesilusionada y frustrada de Paraguay por la falta de oportunidades. Ahora ella ya está contratada en EE.UU. para llevar adelante un proyecto de investigación en su universidad. Desde que se fue ella me dijo ‘a Paraguay no vuelvo’”, indicó.
Romero apuntó que en nuestro país varios postulantes, colegas de su hija, que participaron de los promocionados concursos públicos de oposición y que obtuvieron los mejores puntajes no fueron elegidos, por lo cual su convencimiento de no volver al país es definitivo.
Meritocracia en Paraguay solo llega al 40%
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Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, la meritocracia (que refiere a aquellos sistemas políticos donde se accede a los cargos de poder no por la riqueza o los vínculos políticos sino por los méritos, mientras que en las sociedades industriales avanzadas esos “méritos” se refieren en principio al desarrollo de la inteligencia y de los conocimientos, a las capacidades intelectivas evidenciadas) apenas se aplica en un 40% en nuestro país.
En la función pública se implementó el sistema de concursos por oposición para cargos vacantes, sin embargo, para contrataciones directas (que no son nombramientos) se sigue con los viejos vicios de seleccionar a funcionarios sin más méritos que parentescos familiares, políticos o de amistad.
Otro informe del BID apunta que Paraguay, junto a otros 8 países de América (Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Guyana y México, entre otros) posee el más bajo nivel de desarrollo de recursos humanos en la función pública, teniendo en cuenta que el empleo se concentra principalmente en servicios (57%), agricultura (27%) e industria (17%). Agrega que nuestro país no cuenta con servicios de colocación de empleo en casos de migración y movilidad de compatriotas, tampoco existe un esquema de seguros de desempleo o beneficios sociales por desempleo.