“Hay que hacer trabajar las leyes que tenemos. Hay que hablar de voluntad política”, señaló Luis Hernández, fiscal ambiental de Costa Rica, uno de los expositores de ayer.

Por su parte, Samuel Aliven, juez del Tribunal Ambiental del Salvador, comentó que en su país las multas que ingresan por daños al medio ambiente son destinadas a un fondo público para ser utilizado en proyectos ambientales. Esto generó un debate de varios minutos entre los presentes.

El director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Ezequiel Santaga, lamentó durante su disertación que la inversión del Estado paraguayo en la aplicación de la legislación ambiental es prácticamente nula. “Se invierte solo el 0.12% del total del Presupuesto General de la Nación y 0.036 del PIB”, manifestó.