La fiscala imputó a los tres citados por el supuesto delito de privación de libertad de las personas bajo coacción, cuya pena máxima es de ocho años de penitenciaría o multa. La investigación judicial se inició con la orden de detención de los tres sindicados como responsables directos del hecho punible, pero puede ampliarse a más personas conforme se vaya identificando a otros protagonistas del grave incidente, de acuerdo a lo señalado por la fiscala Blanca Aquino.

La imputación de las tres personas fue presentada ante el juez en lo penal de San Lorenzo, Fabriciano Villalba, quien determinará dónde quedarán recluidos los ahora afectados por la orden de aprehensión. La prisión será preventiva, hasta tanto se sustancie la investigación.

"Libré la orden de detención contra estas personas porque se cometió el hecho de privación de libertad de las personas. La Policía ya cuenta con esa orden de detención, para que los afectados sean puestos a disposición del juzgado", sostuvo la fiscala.



El Prof. Encina Rojas y los alumnos Parra y Valenzuela se constituyeron como voceros y responsables de la manifestación ante la fiscala, en ese día del incidente en el campus.


Para hoy se prevé la convocatoria a testigos para las declaraciones testimoniales ante la fiscalía de San Lorenzo. Esta recurrirá a otras pruebas, como grabaciones y notas en la prensa (televisión, radio y medios escritos).


SANCIONES ACADEMICAS

Paralelamente, el bochornoso episodio protagonizado por algunos estudiantes y docentes universitarios será analizado la próxima semana en el seno del Consejo Superior Universitario (CSU), conforme explicó el rector de la UNA, Ing. Agr. Pedro Gerardo González.

Dijo que el CSU definirá los pasos a seguir. Se pueden dar casos de sumarios para aplicar sanciones académicas a los que se sindican responsables de encerrar a las autoridades de la UNA sin acceso a servicios sanitarios, agua y comida. Entre las sanciones está la expulsión.