VILLARRICA (Juan Perdomo Cantero, Corresponsal). Los sacerdotes acusados ante el juez de Villarrica, Bienvenido González, pertenecían a la congregación Oblatos de María Inmaculada y prestaban servicios en la ciudad de Paso Yobái.
En el año 2015, unos seis jóvenes habían denunciado ante la unidad de la fiscala de Género Perla Cáceres de Bataglia, haber sido manoseados por los sacerdotes Ovelar y Bareiro y que incluso eran acosados a través de mensajes de celular. El caso posteriormente pasó a cargo del fiscal Carlos Alvarenga, quien en su momento había imputado a los curas y posteriormente se había inhibido del caso, por lo que la causa quedó en la Unidad Penal Nº 2 de la ciudad de Villarrica, a cargo del fiscal Bernardo Elizaur.
Después de que el caso fuera mediatizado, el obispo de la diócesis de Villarrica, monseñor Ricardo Valenzuela Ríos, expresó que los religiosos fueron separados de los cargos que ocupaban en la mencionada ciudad.
Por otro lado, el agente fiscal de la Causa, Bernardo Elizaur, explicó que ahora solo esperan que el juzgado fije fecha para la realización de la primera audiencia preliminar donde requerirán que el caso sea elevado a juicio oral y público.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Señaló que ambos sacerdotes se exponen a una pena privativa de libertad de hasta 10 años que establece el código penal paraguayo para los cargos de tentativa de coacción sexual y coacción sexual.
Según Lida Castillo, asistente del fiscal de la unidad penal a cargo del abogado Carlos Alvarenga, los mismos en su momento habían fijado fecha para que los sacerdotes acusados se sometan a una prueba Psicológica y Psiquiátrica. Bajo excusas, los acusados no se presentaron.
En una conferencia de prensa celebrada en abril del año pasado en Asunción, el nuncio apostólico Eliseo Antonio Ariotti había anunciado que los sacerdotes Gustavo Ovelar y Francisco Bareiro, denunciados por “supuestos casos de acoso y abuso de menores”, serían reducidos al estado laical.
Los mencionados viven actualmente en domicilios de sus familiares, a la espera de la prosecución de sus juicios.
El caso había generado mucha indignación en la comunidad, porque al tratarse de religiosos muchos tenían confianza en los mismos, pero defraudaron a los creyentes.
Sus víctimas incluso pidieron castigos severos para los acusados, según la carpeta fiscal.