En las audiencias públicas por la reforma educativa, celebradas a nivel país, saltan al tapete las asimetrías en la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que actualmente entrega mayores recursos, como compensación a municipios y gobernaciones que poseen territorios inundados por la represa de Itaipú y sin atender las necesidades reales de la educación. La mayor población escolar se concentra en el departamento Central, donde está la Capital.
Óscar Charotti, de Juntos por la Educación, señaló que este sistema de distribución sujeto a la Ley de Royalties fue tomado como un último recurso. “Si nos remontamos al proceso de distribución de la ley, que al principio se planeaba destinar el 100% de los recursos a Educación, fue perdiendo territorio para otras instituciones, como Salud, y lo que se asignó ya no se pudo modificar de acuerdo a la necesidad”, dijo.
Agregó que hay que realizar ajustes en la ley para que sea coherente con las demandas educativas, pero que también hay que tener en cuenta que el Fonacide trajo consigo un proceso de descentralización sin el desarrollo de capacidades para la gestión de estos recursos.
“Fonacide no previó que cada gobernación o municipio pueda contratar especialistas para la gestión, y muchos no tenían las capacidades, amén de la falta de transparencia y corrupción en algunos municipios y gobernaciones. Sin embargo, el Ministerio de Educación tampoco tiene las capacidades para gestionar en forma oportuna y eficaz esos recursos”, refirió. Para Charotti, el proceso de desconcentración es favorable siempre que esté acompañado de desarrollo de habilidades de gestión.
Miguel Marecos, del Sindicato de Directores, Sinadi, refirió que van a presentar una nota al nuevo Congreso Nacional en la que pedirán la urgente modificación de la ley de Fonacide.
“Nuestra propuesta es que se manejen los recursos a través del MEC con la comunidad educativa o que lo sigan manejando los intendentes y gobernadores pero con sanciones punitivas, y con contralores que reciban las obras y las certifiquen para aprobar las rendiciones de cuentas que hoy no se juzgan, solo le dan mesa de entrada y allí pueden decir que usaron materiales de primera categoría aunque hayan hecho lo contrario”, apuntó.