Comentaron que son víctimas de un sistema de estafa hace varios años. El mismo consiste en el ofrecimiento de préstamos de dinero, venta de celulares o electrodomésticos a cuotas. Se firmaban los pagarés y en casi todos los casos no se entregaban los montos y productos acordados. Ante esta situación de incumplimiento, los funcionarios no cancelaban sus pagarés, por lo que estos documentos eran vendidos a estudios jurídicos que se encargaban de los juicios ejecutivos, que derivaban en el embargo de las cuentas de ahorros de los funcionarios, donde se les depositaba el salario. “Se les descuenta prácticamente el 100% del sueldos. Muchos viven muy lejos y además de que no cobran, no pueden llegar a la capital para gestionar la ayuda. Pedimos la investigación del hecho”, dijo Laurent González, una de las afectadas.